Actualidad Constitucional

2008-12-23T06:00:00.000-08:00

En el expediente 00267-2008-HC se establece que la determinación de si corresponde o no otorgar a un interno un determinado beneficio penitenciario, en realidad, no debe ni puede reducirse a verificar si este cumplió o no los supuestos formales que la normatividad contempla. La concesión o denegatoria de un beneficio penitenciario a un interno y la determinación en contrario en cuanto a otro no afecta el derecho a la igualdad ante la ley, pues tal decisión la efectúa el juez atendiendo concurrentemente al cumplimiento de los requisitos legales y a la estimación que obtenga de una eventual rehabilitación y resocialización respecto a cada interno en concreto.

2008-12-23T05:59:00.000-08:00

En el expediente 00017-2008-AA se deja sentado que la demanda de amparo debe ser admitida cuando un órgano del estado demande a otro solicitando la tutela del derecho al debido procedimiento administrativo, que es el único caso en el que tal modalidad de amparos procede.En cuanto al fondo del asunto recordó que la ley de procedimiento coactivo dispone que los obligados son tanto las personas naturales como las jurídicas sin que distinga entre aquellas de derecho público y las de derecho privado.Por último deja sentado que los bienes de dominio público son inalienables e imprescriptibles pero ello no puede ser entendido en el sentido de otorgar una justificación para que el Estado deje de honrar sus deudas.

2008-12-23T05:58:00.000-08:00

En el expediente 03016-2007-HC se establece que la libertad de tránsito, como todo derecho fundamental, no es absoluto, ya que puede eventualmente ser limitado en casos como por ejemplo cuando se dispone el impedimento de salida del país siempre que su dictado sea conforme con la Constitución.

2008-12-23T05:57:00.000-08:00

En el expediente 00838-2008-HC se dejó sentado que la proscripción de la prisión por deudas no se extiende al caso del incumplimiento de pagos que se establezcan en una sentencia condenatoria penal pues de este modo se garantiza la eficacia del poder punitivo del Estado.

2008-12-23T05:56:00.000-08:00

En el expediente 00728-2008-HC se deja establecido que el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones no se encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se derivan del caso. En el caso se desarrolla el contenido constitucionalmente protegido de tal derecho.Adicionalmente se señala que la justicia penal puede valerse de prueba directa o indirecta, y en esta segunda categoría se encuentran los indicios y las presunciones. A través de la prueba indirecta, se prueba un “hecho inicial -indicio”, que no es el que se quiere probar en definitiva, sino que se trata de acreditar la existencia del “hecho final - delito” a partir de una relación de causalidad o “inferencia lógica”Por último se deja sentado que el canon interpretativo que le permite al Tribunal Constitucional realizar, legítimamente, el control constitucional de las resoluciones judiciales ordinarias está compuesto, en primer lugar, por un examen de razonabilidad (se debe evaluar si la revisión del proceso judicial ordinario es relevante para determinar si la resolución judicial que se cuestiona vulnera el derecho fundamental que está siendo demandado); en segundo lugar, por el examen de coherencia (el órgano de control debe precisar si el acto lesivo del caso concreto se vincula directamente con la decisión judicial que se impugna; y, finalmente, por el examen de suficiencia (debe determinar la intensidad del control constitucional que sea necesaria para llegar a precisar el límite de la revisión a fin de cautelar el derecho fundamental demandado).

2008-12-23T05:55:00.000-08:00

En el expediente 00006-2008-AI se considera pertinente precisar que el llamado “estado de cosas inconstitucionales” es una opción que sólo cabe utilizar en los procesos de tutela de derechos mas no así en procesos constitucionales orgánicos como el de inconstitucionalidad.

2008-12-23T05:54:00.000-08:00

En el expediente 05565-2007-HC se establece que si bien queda claro que quienes han sido condenados en virtud de una ley que ha sido reformada estableciéndose una pena más benigna tienen el legítimo derecho de solicitar la sustitución de la pena sobre la base del mandato expresado en el artículo 103º de la Constitución, ello no implica que la concesión de la misma sea una atribución conferida a la justicia constitucional, más bien, es competencia exclusiva de la justicia ordinaria.

2008-12-23T05:53:00.000-08:00

En el expediente 04168-2006-AA se establece que la intimidad es una manifestación de la vida privada, que tiene parte de su concreción de carácter económico en el secreto bancario y la reserva tributaria.

2008-12-23T05:52:00.002-08:00

En el expediente 00123-2007-AA se reitera que la restricción del amparo contra amparo debe entenderse referida a procesos donde se han respetado de modo escrupuloso el debido proceso y la tutela procesal efectiva.

2008-12-23T05:52:00.001-08:00

En el expediente 02725-2008-AA en cuanto desarrolla el contenido constitucionalmente protegido del derecho al ne bis in idem. Se anota además que el Principio de interdicción de la arbitrariedad es una garantía frente a la facultad discrecional que la Constitución ha reconocido al Ministerio Público.
Asimismo desarrolla también un test de triple identidad: a) El primer elemento es la identidad de la persona perseguida penalmente (identidad subjetiva) en varios procesos; b) El segundo elemento es la identidad del objeto de persecución (identidad objetiva), consiste en que la segunda persecución penal debe referirse “al mismo hecho” que el perseguido en el primer proceso; y c) Por último, la identidad de la causa de persecución el fundamento de los ilícitos supuestamente realizados por los denunciados están referidos por igual a bienes jurídicos de la misma persona fisica o jurídica.

2008-12-23T05:52:00.000-08:00

En el expediente 02057-2008-AA se resuelve que las resoluciones emitidas por la Comisión de Procedimientos Concursales del Indecopi que se pronuncien sobre impugnaciones interpuestas contra acuerdos de juntas de acreedores están sujetas a apelación ante la Sala de Defensa de la Competencia del Indecopi y por lo tanto si no se interpone dicho medio impugnatorio, agotando la vía administrativa, la demanda de amparo deviene en improcedente.

2008-12-23T05:51:00.000-08:00

En el expedientre 01271-2008-HC se resolvió que el derecho a la protección judicial de los derechos humanos debe ser reconocido a toda persona que se encuentra en un determinado país, sea nacional o extranjero. Adicionalmente los Tratados sobre Derechos Humanos también deben servir para la tutela de los derechos fundamentales que pueden haber sido afectados en otro país y cuyas consecuencias se extiendan en el ámbito nacional.

2008-12-23T05:50:00.000-08:00

En el expediente 01924-2008-HC se deja sentado que para formular denuncia por parte del Ministerio Público o abrir proceso en el caso del poder judicial se deben reunir los siguientes requisitos: a) La existencia de suficientes elementos reveladores de la comisión de un delito; b) La individualización del presunto autor o partícipe; c) Que la acción penal no haya prescrito o concurra una causa de extinción de la acción penal; d) La delimitación fáctica precisa de los hechos denunciados; e) El señalamiento de los elementos de prueba en que se funda la imputación; f) La calificación de modo específico del delito o los delitos que se atribuyen al denunciado.

2008-12-23T05:49:00.000-08:00

En el expediente 03335-2008-HC se dejó sentado que la investigación de una organización criminal no supone directa e inmediatamente una amenaza para el derecho a la integridad del Magistrado.

2008-12-23T05:48:00.000-08:00

En el expediente 00081-2008-AA se establece que la facultad de fiscalización con la que cuenta la SUNAT, siempre que la deuda no se encuentre prescrita, no puede ser ejercida de manera irrazonable desconociendo principios y valores constitucionales, ni al margen del respeto de los derechos fundamentales de los contribuyentes.

2008-12-23T05:47:00.000-08:00

En el expediente 04333-2007-AA en cuanto se deja sentado que el elemento diferenciador entre el contrato de trabajo y el de locación de servicios es la subordinación del trabajador respecto de su empleador, encontrándose facultado este último para dar órdenes, instrucciones o directrices a los trabajadores (poder de dirección), así como la de imponer sanciones ante el incumplimiento de sus obligaciones de trabajo (poder sancionador o disciplinario).
En el mismo caso se resolvió que el principio de primacía de la realidad es un elemento implícito en nuestro ordenamiento jurídico y supone que en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que fluye de los documentos, debe darse preferencia a lo primero, es decir, a lo que sucede en el terreno de los hechos.
En efecto, la existencia de una relación de trabajo debe determinarse principalmente de acuerdo con los hechos, ya que el contrato de trabajo existe cuando una persona trabaja bajo la subordinación y la dependencia de otra persona que es el empleador.

2008-12-23T05:46:00.000-08:00

En el expediente 01771-2008-AA se resolvio que la determinación de la competencia –sea por razón de materia, territorio, cuantía y otros- es un atributo de carácter legal, siendo que la interpretación y aplicación de ésta forma parte de la autonomía administrativa reconocida a este poder del Estado, otorgado para materializar la impartición de justicia a través de órganos jerárquicos a que se refiere el artículo 143º de la Norma Fundamental; no siendo, en consecuencia, competencia ratione materiae de los procesos constitucionales evaluarlas, a menos que pueda constatarse una arbitrariedad manifiesta por parte de la judicatura.

2008-12-23T05:45:00.000-08:00

En el expediente 0705-2008-HC se establece que la amenaza de violación de un derecho debe ser inminente y real se debe advertir que los procesos constitucionales no sólo buscan remediar las violaciones de los derechos ya producidas, sino que también buscan prevenir la comisión de tales actos.

2008-12-23T05:42:00.000-08:00

En el expediente 1881-2008-AA se deja sentado que las personas jurídicas poseen derechos fundamentales pero que entre ellos no se encuentra la libertad de tránsito.
Por otra parte el establecimiento de una tranquera que impide el ingreso a una persona jurídica a su propiedad constituye una limitación inconstitucional al derecho de propiedad.

2008-12-23T05:41:00.001-08:00

En el expediente 01140-2008-HC se establece que en un proceso constitucional como el amparo la sentencia estimatoria de primera instancia debe ser ejecutada en forma inmediata y el Juez debe verificar su cumplimiento.

2008-12-23T05:41:00.000-08:00

En el Expediente 03609-2008-AA se resuelve que el ITAN es un tributo que no lesiona principio constitucional alguno, siendo su pago constitucional y legalmente exigible a los contribuyentes. La prolongada duración del proceso de amparo traería como consecuencia directa (de condenarse al pago de intereses moratorios) que quien solicitó la tutela de un derecho termine en una situación que le ocasione un perjuicio económico mayor que aquel que hubiera sufrido en caso de no interponer la demanda en la equivocada creencia de que el ITAN resultaba equiparable al IMR (Impuesto Mínimo a la Renta) o al AAIR (Anticipo Adicional del Impuesto a la Renta).
El Tribunal Constitucional ha resuelto que la SUNAT tendrá que abstenerse de considerar el cobro de los intereses moratorios en estos casos.

2008-12-23T05:40:00.000-08:00

En el expediente 04295-2007-HC en cuanto deja sentado que el contenido constitucionalmente garantizado del derecho a la motivación queda delimitado en los siguientes supuestos: a) Inexistencia de motivación o motivación aparente; b) Falta de motivación interna; c) Deficiencias en la motivación externa; d) La motivación insuficiente; e) La motivación sustancialmente incongruente.

2008-12-23T05:39:00.000-08:00

En el expediente 04295-2007-HC se resolvió que la imposición de una multa en el marco de un proceso sancionador llevado a cabo por la OCMA no afecta el derecho a la independencia judicial.

2008-12-23T05:38:00.000-08:00

En el expediente 1130-2007-AA se deja resuelto que el derecho al plazo razonable, si bien no se encuentra regulado expresamente en el texto de la Norma Fundamental goza de fundamentalidad al estar previsto en la Convención Americana de Derechos Humanos.
El Tribunal Constitucional reitera que la interpretación de los derechos de conformidad con los tratados sobre Derechos Humanos incluye los pronunciamientos adoptados por los tribunales internacionales.

2008-12-23T05:37:00.000-08:00

En el expediente 00005-2007-AI que declara la inconstitucionalidad de la prórroga sine die de la vacatio sententiae dispuesta por el Congreso en materia de justicia militar. La declaración de inconstitucionalidad no se refiere a la norma sino a los efectos inconstitucionales de esta que continuaban produciéndose. Ratifica en el fondo del asunto las líneas que se fijaran en los expedientes 00017-2003-AI y 00004-2006-AI.

2008-12-23T05:36:00.000-08:00

En el expediente 00225-2007-Q se reitera que para la procedencia del recurso de agravio constitucional se requiere, además de los requisitos previstos en el artículo 18º del Código Procesal Constitucional: 1) Que el referido medio impugnatorio esté directamente relacionado con el ámbito constitucionalmente protegido de un derecho fundamental; 2) Que no sea manifiestamente infundado; y 3) Que no esté comprendido en una causal de negativa de tutela claramente establecida por el Tribunal Constitucional.

2008-12-23T05:35:00.000-08:00

En los expedientes 00002-2008-AI, 00007-2008-AI, 00011-2008-AI y 00019-2008-AI se han admitido las demandas de inconstitucionalidad . Se impugnan la Ley 29166 (relativa al empleo de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional), la ley 28532 que establece la reorganización de la ONP, la Ordenanza Regional 07-2004-CR/GOB.REG.TACNA (vinculada a la Comisión de Vigilancia y Control de la Pesca Artesanal) y la Ordenanza 167 que aprueba el reglamento interno del Concejo Distrital del Rimac.

2008-12-23T05:34:00.000-08:00

En el expediente 01870-2008-AA en cuanto deja sentado que el juzgamiento por Vocales Supremos Provisionales no vulnera el contenido esencial de Derecho Fundamental alguno ya que la organización y estructura del Poder Judicial en lo concerniente al rango, especialidad y denominación que ostentan los magistrados forma parte de la autonomía administrativa reconocida a este poder del Estado.

2008-12-23T05:33:00.000-08:00

En el expediente 06419-2007-AA se establece que por sus propias particularidades, el proceso de amparo no tiene como finalidad determinar si en un caso concreto corresponde o no la cancelación de una licencia, toda vez que al no tener etapa probatoria no resulta posible establecer si en el caso concreto concurrían o no los requisitos exigidos por la normativa, y menos aún establecer si en un caso concreto la demandante ostentaba o no la licencia correspondiente.

2008-12-23T05:32:00.000-08:00

En el expediente 05849-2007-AA se establece que en caso de duda sobre la competencia del juzgado debe preferirse la continuación de este en virtud del rincipio pro actione.

2008-12-23T05:31:00.000-08:00

En el expediente 00017-2008-AL el Tribunal Constitucional ha admitido la demanda de inconstitucionalidad promovida por la Universidad San Ignacio de Loyola S.A., en representación de más de cinco mil ciudadanos, contra la Ley 28564.
La norma impugnada deroga la ley 27504 y restituye la vigencia de la prohibición de crear de nuevas filiales de universidades públicas y privadas, fuera del ámbito departamental de su sede principal entre otros aspectos que se encontraban previstos en la ley universitaria.

2008-12-23T05:30:00.000-08:00

En el expediente 00016-2008-AI se ha admitido la demanda de inconstitucionalidad promovida contra la Ley 29062 que modifica la ley del Profesorado en lo concerniente a la carrera pública magisterial.

2008-12-23T05:29:00.000-08:00

Por último se ha admitido también una demanda de inconstitucionalidad contra diversos Decretos Legislativos que modifican los Códigos Penal y Procesal Penal así como las normas vinculadas a la investigación criminal.

2008-12-23T05:28:00.000-08:00

En el expediente 08495-2006-AA en cuanto deja sentado que la existencia de un proceso penal pendiente no es razón suficiente para no ratificar o destituir a un magistrado, en consecuencia tampoco esta razón puede ser esgrimida como impedimento para el cumplimiento de la función jurisdiccional de un Vocal Supremo.
Se establece también que el hecho de que no existan vacantes en la Corte Suprema de Justicia de la República no supone que la sentencia que ordena la reincorporación sea inejecutable sino que corresponderá que el recurrente espere a que ella se genere, momento en el que se hará efectiva su reincorporación en el Poder Judicial.

2008-12-23T05:27:00.000-08:00

En el expediente 07364-2006-AA se dispone que la “inviolabilidad” de la propiedad a la que refiere el artículo 70º de la Constitución debe interpretarse no sólo como prohibición de intervenciones en el libre ejercicio o goce de los mencionados atributos clásicos del derecho de propiedad, sino también como garantía de indemnidad lo que fuerza concluir en que todo cobro indebido a una persona, proceda del Estado o de particulares, constituye una afectación del derecho de propiedad.

2008-12-23T05:26:00.000-08:00

En el expediente 06403-2006-AA se estableció que el principio de generalidad no prohíbe el establecimiento de exenciones tributarias sino el hecho de que estas impliquen auténticos privilegios, entendiendo éstos como beneficios sin justificación constitucional.
Señala asimismo que las exenciones con fines extrafiscales se establecen con el objeto de favorecer el logro de determinados objetivos de política económica y social
Se deja sentado además que los arbitrios pertenecen a una especie tributaria distinta de los impuestos, por lo que no se encuentran incluidos dentro del supuesto de inafectación que prevé el artículo 19° de la Constitución Política a favor de las universidades

2008-12-23T05:25:00.000-08:00

En el expediente 04613-2007-HC se establece que lasa citaciones policiales no requieren de la motivación propia de las resoluciones administrativas o judiciales, sino sólo la descripción de los datos mínimos que supuestamente justifican dicha citación.

2008-12-23T05:23:00.000-08:00

En el expediente 04445-2007-HC se desarrollan los requisitos para la admisión de Habeas Corpus contra resoluciones judiciales.

2008-12-23T05:21:00.000-08:00

En el expediente 6164-2007-HD se desarrolla una tipología del proceso de Habeas Data a los que denomina informativo (finalista, exhibitorio y autoral), aditivo, rectificador, exclutorio, reservador e impropio.

2008-12-23T05:20:00.000-08:00

En el expediente 02041-2007-AA en cuanto reitera los parámetros mínimos de constitucionalidad de las ordenanzas tributarias de las Municipalidades. En el caso aplica una multa a la Municipalidad Metropolitana de Lima por desacatar los precedentes del Tribunal Constitucional.

2008-12-23T05:19:00.000-08:00

En el expediente 8766-2006-AA se desarrolla el contenido constitucionalmente protegido del derecho de asociación.

2008-12-23T05:18:00.000-08:00

En el expediente 5503-2007-AA se desarrollan aspectos como la potestad sancionadora del Estado y el contenido de la economía social de mercado.

2008-12-23T05:16:00.000-08:00

En el expediente 4885-2007-AA se deja sentado que no forma parte del derecho de acceso a la información pública que el requerido elabore informes o emita algún tipo de declaración.

2008-12-23T05:14:00.000-08:00

En el expediente 09810-2006-HC en cuanto a que todo lo concerniente a la determinación de la pena corresponde al juez ordinario y escapa del ámbito de los procesos constitucionales incluyendo la solicitud de sustitución de la pena sobre la base del mandato expresado en el artículo 103º de la Constitución, diferente sería la situación si se advirtiera una negativa injustificada por parte del órgano jurisdiccional.
En el mismo caso se señala además que el derecho a la sustitución de la pena por retroactividad benigna no constituye un derecho absoluto y puede ceder en determinados casos concretos.

2008-12-23T05:13:00.001-08:00

En el expediente 02405-2008-AA se deja sentado que no puede alegarse el despido incausado o arbitrario cuando este se produce dentro del período de prueba pactado de conformidad al artículo 10º del Decreto Supremo N° 003-97-TR pues el trabajador no se encontraría aún protegido contra el despido arbitrario.

2008-12-23T05:13:00.000-08:00

En el expediente 03480-2007-AA se deja sentado que el recurso de agravio constitucional sólo procede contra la resolución desestimatoria de segundo grado que declara infundada o improcedente la demanda, mas no contra resoluciones expedidas en trámite de medida cautelar.
En el mismo caso invoca a la Sala Mixta Descentralizada de Nazca, de la Corte Superior de Justicia de Ica, para que guarde mayor celo en el desempeño de la actividad jurisdiccional aclarando que no se lesiona la independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional.

2008-12-23T05:11:00.001-08:00

En el expediente 01407-2007-AA se establece que las personas jurídicas de derecho público son titulares del derecho fundamental al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva por lo que pueden ser demandantes en procesos de amparo.

2008-12-23T05:11:00.000-08:00

En el expediente 04482-2007-AA se reitera que el proceso de amparo está diseñado para la solución de conflictos que sólo conciernen a la persona humana aunque reconoce como lo hiciera en casos anteriores que las personas jurídicas tienen también derechos fundamentales toda vez que no hay ningún derecho que pueda ser ajeno al marco constitucional. Sin embargo advierte que la tutela del interés comercial o legítimo ánimo de lucro corresponde ventilarse por la vía ordinaria.

2008-12-23T05:10:00.000-08:00

En el expediente 00014-2008-AI se ha admitido la demanda planteada por la Defensora del Pueblo contra el Decreto Legislativo 1015 que unifica los procedimientos de las comunidades campesinas y nativas de la sierra y de la selva con las de la costa.

2008-12-23T05:09:00.000-08:00

En el expediente 08495-2006-AA en cuanto fija el ámbito de la potestad sancionadora del Consejo Nacional de la Magistratura. Será competencia del Congreso hacer efectiva la responsabilidad política de los Vocales Supremos y competencia del CNM el ámbito disciplinario.

2008-12-23T05:08:00.000-08:00

En el expediente 1993-2008-AA se deja sentado que no puede establecerse una exoneración tributaria por medio de una sentencia pues ello atentaría contra el principio de legalidad tributaria previsto en el artículo 74º de la Constitución.
En el mismo caso señala además que la solicitud presentada por la Comisión ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos constituye una solicitud de parte y no vincula a la Corte y tampoco, en principio, a este Tribunal.
Debe advertirse que si bien en el expediente indicado se declaró improcedente la demanda de amparo promovida por Baruch Ivcher y la Compañía Latinoamericana de Radiodifusión S.A. (Canal 2) contra la Sunat se ha resuelto, paralelamente, la nulidad del rechazo liminar en el expediente 4682-2007-AA mediante el que el mismo empresario demanda al Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima y el Consejo Superior de Arbitraje del Centro de Conciliación y Arbitraje Nacional e Internacional de la Cámara de Comercio de Lima respecto del arbitraje promovido por los señores Mendel y Samuel Winter Zuzunaga.

2008-12-23T05:07:00.000-08:00

En el expediente 00006-2008-AI que declara la inconstitucionalidad de la Ordenanza del Gobierno Regional de Puno que legaliza el cultivo de la hoja de coca.
El fundamento de la decisión se vincula con la competencia del órgano emisor y también con la realidad misma ya que sostiene que no se puede reconocer como áreas de cultivo tradicional a las señaladas pues se ha demostrado que alimentan de insumos al narcotráfico.
Se analizan diversos aspectos como el derecho a la identidad cultural, el ámbito funcional del Tribunal Constitucional y la naturaleza del Estado Social y Unitario diseñado en la Constitución de 1993, entre otros.

2008-12-23T05:05:00.001-08:00

En el expediente 03574-2008-AA se declaró fundada una demanda de amparo promovida por el Club Deportivo Lanka contra la Federación Peruana de Futbol. Invoca el efecto horizontal de los derechos fundamentales y la posibilidad de conocer el fondo en procesos constitucionales que se llevan a cabo entre particulares.
Este pronunciamiento abre seguramente una brecha en la presunta imposibilidad de revisión de las resoluciones del órgano rector del Futbol.

2008-12-23T05:05:00.000-08:00

En el expediente 04750-2007-HC se establece que la obligación constitucional del Estado peruano de sancionar el tráfico ilícito de drogas no se agota en la mera descripción típica de las conductas delictivas en el Código Penal, sino que además para llegar a tal cometido debe procurarse el establecimiento de procedimientos de investigación eficientes que pueden incluir el recurso a agentes encubiertos.
En el caso se diferencia entre agente encubierto y agente provocador donde este último interviene para inducir o incitar a cometer el delito, el primero, en cambio, se infiltra en una organización criminal para determinar su estructura, funcionamiento e identificar a sus integrantes, esto es, para demostrar o acreditar que una o varias personas tenían ya la predisposición de realizar actividades ilícitas.
El uso de esta técnica especial de investigación, declarada constitucionalmente válida, requiere necesariamente la autorización de la autoridad competente ante la existencia de indicios razonables de la comisión de un delito por la persona vinculada al crimen organizado, o que continúa realizando dicha práctica criminal. El procedimiento especial de agente encubierto no puede ser utilizado en todos los casos, sino que debe sustentarse fundamentalmente en los principios de subsidiariedad y necesidad, entre otros.

2008-12-23T05:04:00.000-08:00

En el expediente 09686-2006-AA en cuanto deja sentado que “… la protección constitucional de intereses y reintegros ya no será materia de control constitucional concentrado, sino que será derivada a vías igualmente satisfactorias” y por lo tanto tampoco podrá ser ya materia de un RAC.

2008-12-23T05:03:00.000-08:00

En el expediente 08548-2006-AA se deja sentado que con el traslado que ordena el artículo 47 del Código Procesal Constitucional basta para la garantía del derecho de defensa de los demandados, requiriéndose además que los actuados cuenten con los suficientes elementos que permitan dilucidar la controversia, privilegiando de este modo la tutela urgente de los derechos comprometidos.

2008-12-23T05:02:00.000-08:00

En el expediente 03778-2006-AA se desarrollan los elementos que componen el contenido constitucionalmente protegido del Derecho Fundamental a un medio ambiente equilibrado.

2008-12-23T05:01:00.000-08:00

Con fecha 9 de Julio se publicó en la página web del Tribunal Constitucional un comunicado que hace de conocimiento público que “… el magistrado César Landa Arroyo, ha renunciado irrevocablemente a la presidencia del Tribunal Constitucional (TC), acto que se cumplió al medio día ante el Pleno de este Órgano de Justicia Constitucional. De acuerdo con el artículo 6º de la Ley Nº 28301 (Orgánica del TC) el magistrado Carlos Mesía Ramírez, que se desempeñaba como Vicepresidente, asumió la presidencia”.

2008-12-23T04:59:00.000-08:00

En el expediente 01605-2006-HC en la que se declara fundado un Habeas Corpus en virtud de que el procesamiento por el fuero militar de acuerdo con normas que siguen interpretaciones declaradas inconstitucionales vulnera el derecho a un juez independiente e imparcial.
En la parte resolutiva se ordena que el beneficiario sea procesado por un juez militar independiente e imparcial, nombrado conforme a la Constitución y aquellas leyes compatibles con ésta, debiendo tomarse en consideración para tal efecto sus sentencias.
Simultáneamente el Tribunal Constitucional ha inaplicado la Ley 29182, que es la que regula la composición de los órganos jurisdiccionales militares policiales, por lo que no alcanzamos a determinar cual sería el Juez predeterminado en este caso.

2008-12-23T04:58:00.001-08:00

En el expediente 5680-2007-AA se declara nulo el concesorio de un Recurso de Agravio Constitucional contra una resolución que declara inadmisible la demanda entendiendo que no resulta desestimatoria. Precedente que no se condice con el criterio amplio que ha tenido el Tribunal Constitucional en otros casos.

2008-12-23T04:58:00.000-08:00

Como evidente consecuencia del anterior el día 10 de Julio se publica un nuevo comunicado señalando que “… en Sesión de Pleno Administrativo, se acordó la designación de los siguientes nuevos funcionarios de confianza: Secretario General, Doctor Francisco Morales Saravia, Secretario Relator, Doctor Ernesto Figueroa Bernardini, Subsecretaria Relatora, Doctora Vanessa Tassara Zevallos, Coordinador General del Gabinete de Asesores, Doctor Daniel Figallo Rivadeneyra”.

2008-12-23T04:57:00.002-08:00

En el expediente 00027-2006-AI en la que se desarrolla el ámbito del principio – derecho de igualdad. Asimismo examina los temas de jornada, vacaciones y remuneraciones laborales siempre desde la perspectiva constitucional, analizndo en particular el régimen laboral agrario cuya constitucionalidad es confirmada.

2008-12-23T04:57:00.001-08:00

En el expediente 00004-2007-CC que declara inadmisible la demanda competencial planteada por el Poder Ejecutivo contra el Poder Judicial toda vez que para que sea admitida, además de los requisitos formales que en el caso se reúnen, se requiere que el Tribunal Constitucional entienda que existe un conflicto de su competencia.

2008-12-23T04:57:00.000-08:00

En el expediente 06233-2007-HC se ha resuelto que disponer el cumplimiento sucesivo de las penas impuestas por diferentes hechos no resulta inconstitucional.

2008-12-23T04:56:00.000-08:00

En el expediente 06317-2007-HC se establecen los requisitos de la extradición que serían: a) Que la acción penal no se hubiese extinguido, conforme a una u otra legislación; b) comprobación de no tratarse de delitos políticos o de hechos conexos, y c) comprobación de que, en el caso de un procesado, éste no haya sido absuelto en el extranjero, o en el caso de un condenado, que éste no haya cumplido la pena.

2008-12-23T04:55:00.001-08:00

En el expediente 00250-2008-HD en la que el Tribunal Constitucional señala que la suplencia de la queja deficiente constituye un principio implícito de nuestro derecho procesal constitucional que se infiere de la finalidad de los procesos constitucionales prevista en el artículo II del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional.

2008-12-23T04:55:00.000-08:00

En el expediente 04573-2007-HD se deja sentado que la vida privada, como supuesto para negar el acceso a determinada información, está constituida por los datos, hechos o situaciones desconocidos para la comunidad que, siendo verídicos, están reservados al conocimiento del sujeto mismo y de un grupo reducido de personas, y cuya divulgación o conocimiento por otros trae aparejado algún daño

2008-12-23T04:53:00.000-08:00

En el expediente 2108-2007-HC se deja sentado que el derecho a la motivación, que exige fundamentación y congruencia, garantiza que los jueces expresen claramente los argumentos que los han llevado a la solución de la controversia o incertidumbre jurídica, asegurando que el ejercicio de la función jurisdiccional se realice con sujeción a la Constitución y a la ley expedida conforme a ésta.

2008-12-23T04:51:00.000-08:00

En el expediente 00919-2007-AA precisa que la imposibilidad de ordenar el pago de las remuneraciones dejadas de percibir se refiere al proceso de amparo en virtud de su naturaleza resultando perfectamente posible reclamar tal concepto en sede laboral.

2008-12-23T04:49:00.000-08:00

En el expediente 04272-2006-AA en la que el Tribunal Constitucional cambia de precedente en relación con la interpretación de la irrenunciabilidad de los derechos en materia laboral.
El máximo intérprete de la Constitución tuvo resuelto que irrenunciabilidad podía ser asimilado a imprescriptibilidad y por lo tanto negaba la improcedencia por prescripción en materia laboral, sin embargo a partir del nuevo precedente e invocando el modelo del amparo deja sentado que la demanda debe ser planteada dentro del término establecido por el Código Procesal Constitucional.

2008-12-23T04:48:00.001-08:00

En el expediente 08280-2006-AA se reitera que el derecho fundamental de asociación enunciado en el artículo 2, inciso 13, de la Constitución, garantiza a toda persona la libertad de constituir asociaciones, integrarse a las ya establecidas, no integrarse a ninguna y la facultad de permanecer en ellas.

2008-12-23T04:48:00.000-08:00

En el expediente 04382-2007-AA se deja sentado que el aumento patrimonial puede ser grabado aún cuando las sumas provengan de actividades ilícitas.

2008-12-23T04:47:00.000-08:00

En el expediente 01317-2008-HC (Caso Tudela) se establece que no es indispensable citar a audiencia pública para que el magistrado llamado a dirimir la discordia emita su voto. Además reiter su criterio en el sentido que no procede la nulidad de las sentencias que emite en atención a lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 121º del Código Procesal Constitucional y el inciso 2) del artículo 139º de la Constitución, que reconoce el principio y el derecho constitucional a la cosa juzgada.

2008-12-23T04:46:00.001-08:00

En el expediente 3081-2007-AA se aborda la protección de los derechos económicos sociales y culturales dentro de la línea que se desarrollara a partir del Caso meza García (Exp. 2945-2003-AA) y que se continuara en otros casos (2016-2003-AA/TC y 1956-2004-AA/TC).
En el caso se analiza en particular el derecho a la salud con especial énfasis en la problemática de la discapacidad examinando la normativa nacional y comparada.
Se deja establecido que la exigibilidad de un derecho social siempre depende de tres factores: a) la gravedad y razonabilidad del caso; b) su vinculación con otros derechos fundamentales; y, c) la disponibilidad presupuestal.

2008-12-23T04:46:00.000-08:00

En el expediente 03464-2007-HC reitera que la interdicción de la reformatio in peius es una garantía del debido proceso implícita en nuestro texto constitucional. Si sólo el sentenciado solicita la nulidad de la sentencia condenatoria, entonces el ius puniendi del Estado, cuyo poder se expresa en la actuación de la instancia decisoria, no podrá modificar la condena sancionando por un delito que conlleve una pena más grave que la impuesta en anterior instancia.

2008-12-23T04:45:00.000-08:00

En el expediente 06149-2007-HC en cuanto reitera que el Tribunal Constitucional carece de competencia ratione materiae para analizar cuestiones de legalidad penal o la subsunción de la conducta pero deja abierta la posibilidad de revisión cuando el juez se aparte del tenor literal del precepto normativo o cuando la aplicación de un determinado precepto obedece a pautas interpretativas manifiestamente extravagantes o irrazonables, incompatibles con el ordenamiento constitucional y su sistema de valores

2008-12-23T04:44:00.001-08:00

En el expediente 9738-2006-HC se recuerda que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la pena de cadena perpetua como condena sine die requiriendo al legislador para que la regule. El ejecutivo (con facultades delegadas) aprobó un Decreto Legislativo que la estableció en 35 regulación cuya constitucionalidad sería posteriormente confirmada.

2008-12-23T04:44:00.000-08:00

En el expediente 04214-2007-AA se expide nuevamente convalidando la procedencia del amparo contra amparo pero sistematizando sus reglas. Al respecto sostuvo como requisitos:

a) Que la vulneración constitucional resulte evidente o manifiesta;
b) Sólo opera por una sola vez;
c) Procede tanto contra resoluciones judiciales estimatorias como contra las desestimatorias;
d) Procede por vulneración de cualquier derecho fundamental (no solo debido proceso);
e) Procede en defensa de la doctrina vinculante establecida por el Tribunal Constitucional;
f) Se habilita en defensa de los terceros que no han participado en el proceso constitucional cuestionado y cuyos derechos han sido vulnerados, así como respecto del recurrente que por razones extraordinarias no pudo acceder el agravio constitucional;
g) Es pertinente como mecanismo de defensa de los precedentes vinculantes establecidos por el Tribunal Constitucional; y
h) no procede en contra de las decisiones emanadas del Tribunal Constitucional.

2008-12-23T04:43:00.000-08:00

En el expediente 00003-2007-CC el Tribunal Constitucional deja sentado que no le corresponde pronunciarse en relación a quién ostenta un mejor derecho de propiedad sino que se debe limitar a velar por el respeto de la distribución de las competencias estatales que la Constitución consagra.

2008-12-23T04:42:00.000-08:00

En el expediente 4909-2007-HC se establece que el “juez de ejecución” en los procesos de tutela de derechos viene a ser el juez que admitió la demanda y la resolvió en primer grado.

2008-12-23T04:41:00.000-08:00

En el expediente 04646-2007-AA en cuanto desarrolla diversos aspectos vinculados con el contenido constitucionalmente protegido del derecho a la educación, analizando el caso del impedimento de matricular alumnos por deudas.

2008-12-23T04:40:00.000-08:00

En el expediente 00799-2007-AA se ha resuelto que el acceso o postulación a una plaza vacante en el régimen magisterial está comprendido dentro del ámbito público no procede la demanda de amparo al existir una vía específica satisfactoria.

2008-12-23T04:39:00.001-08:00

En el expediente 07533-2006-AA se ha sentado criterios en relación con el alcance de la exoneración a favor de las Universidades dispuesta por el artículo 19 de la Constitución.

2008-12-23T04:39:00.000-08:00

En el expediente 01317-2008-HC en la que se ordena que los hijos del Señor Felipe Tudela y Barreda puedan ingresar libremente al domicilio de su padre o a cualquier otro lugar donde resida o se encuentre.
Señala el Tribunal Constitucional que el propósito garantista del hábeas corpus transciende a la protección de la libertad para convertirse en una verdadera vía de protección de lo que podría denominarse la esfera subjetiva de libertad de la persona humana
En el caso el Tribunal Constitucional convalida una resolución de Sala con sólo dos firmas considerando que la misma es válida por razones jurídico-constitucionales de urgente tutela, dado la avanzada edad del favorecido.

2008-12-23T04:38:00.000-08:00

En el expediente 07364-2006-AA se ha resuelto que la comprensión constitucional de la propiedad es amplia y comprende la garantía de indemnidad o conservación de la integridad del patrimonio de la persona, entre otros aspectos vinculados al cobro de sumas de dinero por concepto de derecho de guardianía por la internación de vehículos en el depósito en virtud orden judicial.

2008-12-23T04:37:00.000-08:00

En el expediente 05970-2006-AA se ha resuelto que en el caso de beneficios tributarios, el proceso de amparo resulta improcedente cuando lo que se pretende es:

a) Que se interprete de manera favorable a la parte recurrente un haz de normas legales, a efectos de determinar si le corresponde una exoneración,

b) Que se interprete un convenio de estabilidad tributaria en concordancia con diversas normas legales, a efectos de determinar que a la parte recurrente le corresponde una exoneración, y

c) Revocar vía el proceso constitucional de amparo la decisión política de dejar sin efecto una exoneración –cuya naturaleza es la de un beneficio excepcional- y, de este modo, perennizar el beneficio a favor de un contribuyente determinado.

2008-12-23T04:36:00.000-08:00

En el expediente 03227-2007-AA en cuanto deja sentado que el hecho de que un derecho se encuentre regulado en una ley, reglamento o acto de particulares no implica per se que carezca de fundamentalidad o relevancia constitucional y que consecuentemente no sea susceptible de protección en la jurisdicción constitucional, pues existe un considerable número de casos en los que la ley, el reglamento o el acto entre particulares tan sólo desarrollan el contenido de un derecho fundamental de manera que este contenido, por tener relevancia constitucional, sí es susceptible de protección en la jurisdicción constitucional.

2008-12-23T04:33:00.000-08:00

En el expediente 00505-2007-AC se deja sentado que el derecho a formular peticiones se tutela por medio del Amparo mientras que el derecho de acceder a determinada información, reconocido por el inciso 5º del artículo 2 de la Constitución, tramita por la vía del Habeas Data.

2008-12-23T04:32:00.000-08:00

En el expediente 4862-2007-HC se resalta que no todas las resoluciones judiciales pueden ser objeto de control por el proceso constitucional de hábeas corpus ya que sólo pueden serlo aquéllas resoluciones judiciales firmes no consentidas, es decir que frente al acto procesal alegado de lesivo se debe haber hecho uso de los recursos que le otorga la ley.

2008-12-23T04:31:00.000-08:00

En el expediente 00061-2008-AA en cuanto establece como precedente vinculante que cuando en un proceso de amparo se demande el otorgamiento de una pensión de invalidez conforme a la Ley 26790 y al Decreto Supremo 003-98-SA, y la emplazada proponga una excepción de arbitraje o convenio arbitral que tenga como fundamento el artículo 9º del Decreto Supremo Nº 003-98-SA, el Juez deberá desestimar bajo responsabilidad la excepción referida pues de lo contrario se afectaría el contenido constitucionalmente protegido del derecho a la pensión.
Por otra parte dispuso que para que el arbitraje voluntario sea constitucional, en el momento de la instalación del órgano arbitral el árbitro o árbitros deberán dejar constancia que informaron:
1. Las ventajas que brinda el arbitraje del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Superintendencia de Entidades Prestadoras de Salud.
2. Que para la resolución de su controversia se aplicará la jurisprudencia y los precedentes vinculantes establecidos por el Tribunal Constitucional.
3. Que el asegurado o beneficiario, si lo prefiere, puede renunciar al arbitraje y preferir su juez natural, que es el Poder Judicial.
4. Que contra el laudo arbitral caben los recursos que prevé la Ley General de Arbitraje.
El arbitraje voluntario será inconstitucional si es iniciado por la Aseguradora Privada y el asegurado o beneficiario no desea someterse a él.

2008-12-23T04:30:00.000-08:00

En el Expediente 00048-2008-Q-Resolución el Tribunal Constitucional reafirma su línea de admitir el Recurso de Agravio Constitucional contra resoluciones estimatorias contrarias al precedente lo que sin duda redundará en una sobrecarga de expedientes ya que a la fecha resuelve todas las resoluciones denegatorias y no dudamos que en adelante deberá resolver también las quejas de las resoluciones que declaran improcedente el RAC por resultar estimatoria la sentencia de fondo como en el caso de autos.

2008-12-23T04:29:00.000-08:00

En el Expediente 00005-2008-AI se declara inadmisible la demanda presentada por el dirigente del SUTEP Robert Huaynalaya en representación de un conjunto de ciudadanos contra la ley 28988 que declara la educación básica regular como servicio público esencial y la ley 29062 referente a la carrera magisterial en virtud de que los demandantes no han tenido la diligencia procesalmente exigible de fundamentar razonablemente su pretensión.
Debemos advertir al respecto que las mismas normas fueron impugnadas por el Colegio de Profesores del Perú en sendas demandas que han sido admitidas rechazando recursos de reposición interpuestas por el Congreso de la República (Expedientes 00025 y 00026-2007-AI).

2008-12-23T04:28:00.001-08:00

En el expediente 02732-2007-AA en cuanto señala que el derecho a un plazo razonable en la duración de los procesos, especialmente de los constitucionales, constituye una de las manifestaciones del debido proceso reconocido por nuestra Constitución aún cuando no se encuentre explícito.
En el proceso de amparo, por su propia naturaleza especial y sumarísima, no cabe dilación alguna, tanto más si es ocasionada por la propia autoridad judicial, desatender los plazos previstos para su tramitación comporta una situación intolerable y arbitraria.

2008-12-23T04:28:00.000-08:00

En el Expediente 163-2007-Q-Reslución se declaró fundada la primera queja por haberse desestimado un Recurso de Agravio Constitucional frente a una resolución contraria al precedente (en el presente caso el expedido en el expediente 4596-2006-AA).

2008-12-23T04:27:00.000-08:00

En el expediente 05954-2007-HC en cuanto desarrolla una serie de principios rectores que regulan la fase “ejecutiva” del proceso penal.
Entre los “Principios regla de alcance general” señala que en los establecimientos penitenciarios no deberá existir hacinamiento, que las autoridades penitenciarias deben garantizar servicio de agua y lo necesario para la higiene personal, asistir con ropa a los reclusos, agrega que la alimentación es obligatoria y debe administrarse atendiendo a estándares de sanidad, nutrición y hora, entre otros.
Además introduce una serie de Principios regla de alcance específico entre las que se incluye acceso a la educación, la separación entre condenados y procesados anotando que estos últimos también gozan de derecho al trabajo pero a diferencia de los condenados esta tarea no constituye una obligación, entre otras.

2008-12-23T04:26:00.000-08:00

En el expediente 5658-2006-AA en la que se desarrolla la naturaleza jurídica del asegurado facultativo a essalud. Se precisa que en este caso, diferente al del trabajador dependiente (p.e. trabajadores del hogar) determinó que la relación típica de la seguridad social que gira en torno al empleador, el trabajador y la entidad gestora, adquiera particularidades al relacionar exclusivamente a quien realiza actividad económica independiente con la entidad administrativa encargada de la gestión. En dicha situación el beneficiario se convierte en el responsable de efectuar los aportes y la entidad en percibirlos y administrarlos.
Se deja sentado además que la conservación del estado de salud, en cuanto contenido del derecho constitucional a la salud, comprende a su vez el derecho de acceso y goce de las prestaciones de salud.

2008-12-23T04:23:00.000-08:00

En el expediente 2573-2007-AA se reitera la constitucionalidad del Sistema de Seguimiento Satelital (SISESAT) anotando que las disposiciones que otorgan la calidad de prueba “fehaciente” o “que no admiten prueba en contrario” a la información del SISESAT, sólo pueden ser aplicadas en la medida que, previamente, el administrado tenga la oportunidad de contradecir dichos informes; y, por otro, que las disposiciones que prevén la imposición de la sanción de suspensión “automáticamente” sólo podrán ser aplicadas una vez que, en un previo proceso administrativo, el infractor no haya podido desvirtuar la información proveniente del SISESAT, conforme a lo expuesto en la STC N.º 5719-2005-AA.

2008-12-23T04:22:00.000-08:00

En el expediente 6201-2007-HC en cuanto señala que el arresto domiciliario no puede ser entendido como un sustituto o símil de la detención preventiva, más aún si difieren en su incidencia sobre el derecho fundamental a la libertad personal, por el contrario el arresto domiciliario se concibe como una forma simple de comparecencia que no afecta en nada la libertad individual, por el contrario, es la forma más grave de comparecencia restringida que la norma procesal penal ha contemplado porque la intensidad de coerción personal que supone es de grado inmediato inferior al de la detención preventiva.

2008-12-23T04:21:00.000-08:00

En el caso concreto de Moisés Wolfenson se resolvió que si bien es verdad que no hay previsión legal que permita actuar en el presente caso y que el Tribunal Constitucional no puede asumir atribuciones que son propias del Parlamento para darle un valor numérico a los días de arresto domiciliario, también es verdad que este Colegiado no puede dejar de administrar justicia más aún si se encuentra ante una situación irrazonable y desproporcionada como la que afecta al beneficiario a consecuencia de la actuación legalista del ente administrativo penitenciario resultando arbitrario no reconocer valor alguno a los días que el beneficiario sufrió bajo arresto domiciliario.

2008-12-23T04:20:00.000-08:00

En el expediente 00462-2006-HC que mantienen la doctrina jurisprudencial desarrollada por el Tribunal Constitucional en el sentido que la justicia militar no es una justicia para militares sino el ámbito para la tutela de bienes jurídicos propios de las Fuerzas Armadas (orden, disciplina, etc.).